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Preocupantes resultados entregó un análisis hecho por expertos y académicos de la Universidad de del Bío-Bío a distintos cursos de agua de la Región del Maule y Ñuble.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de investigación Fondecyt titulado “Agricultura y re-producción de desigualdades socioecológicas en contexto de crisis hídrica: Análisis sobre la expansión agroexportadora en el Valle Central de Chile”, que busca, entre otras cosas, identificar y analizar la presencia de agroquímicos en algunos ríos de esta parte del país.
En Ñuble fueron analizados los ríos Ñiquén y Changaral. En el primero se pudo constatar la presencia de cantidades altamente inusuales del herbicida diuron y el fungicida fosetyl-Al, que se usan en diferentes labores agrícolas. Mientras que en el Changaral se constató la presencia del fosetyl-Al.
El diuron está calificado como un potencial agente cancerígeno para el ser humano, mientras el fosetyl-Al puede afectar de manera considerable a los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Estos resultados generaron inquietud en el equipo investigador que realizó los análisis, puesto que estos elementos son usados y aplicados entre los meses de octubre y noviembre, pero fueron detectados en marzo y abril. Junto con ello, existe alerta por lo peligroso que pueden ser estos agentes para la vida humana.
Alexander Panez, académico de la UBB y experto que formó parte del estudio, indicó que esta investigación tuvo como objetivo “indagar cuáles son las permanencias de desigualdades, pero también la aparición de nuevas desigualdades socioecológicas vinculados a los cambios en la agricultura”.
Sostuvo que el foco se puso en Maule y Ñuble porque “han vivido transformaciones más intensas” en cuanto a los cambios en el rubro agrícola. Es entonces a partir de ese objetivo que se pudo constatar el uso que se le está dando a los agroquímicos, “lo que nos prendió las alarmas”, indicó Panez.
“En el camino nos topamos con sospechas de los habitantes de estas regiones respecto a que había un aumento en el uso de agroquímicos en los territorios que habitaban, e incluso en que había malas prácticas en el uso de esto”, precisó.
A raíz de eso “tomamos una decisión de hacer un análisis de calidad del agua para la detección de agroquímicos. Nos dimos cuenta que hay muy pocos estudios de este tipo en estas regiones y también de la ausencia de normas o lo ambiguo de estas, lo que nos parece gravísimo”.
Consecuencias
En dos de los tres ríos analizados se detectó diuron. Panez explicó que las muestras “las enviamos a un laboratorio especializado y apareció este herbicida, que en Estados Unidos o la Unión Europea está prohibido su uso”.
“Hay investigaciones de la última década que han sacado su potencial cancerígeno, de la afectación en las células, sobre todo en los procesos de gestación y el desarrollo del feto. Es por eso que por esas alarmas en EE. UU. y la UE está prohibido. También es persistente, se mantiene durante toda la cadena, porque este compuesto se encuentra en los meses primaverales”, resaltó Panez.
En cuanto al fungicida fosetyl-Al, el experto señaló que si bien, este no tiene una afectación contundente a la vida humana, “tiene impacto en los ecosistemas acuáticos”.
“Es por eso que este fungicida está prohibido, en el caso de agricultura orgánica, en la Unión Europea”, mencionó Panez.
Falta de normativas
Según detalló Panez, existe una ausencia de normas que regulen a los herbicidas y fungicidas dentro de la actividad agrícola chilena, teniendo en consideración que de las 75.000 toneladas anuales de plaguicidas usadas a nivel nacional, la mayoría se concentra en las regiones del Maule, Ñuble y O’Higgins.
“Existe un déficit institucional muy importante, porque del total de plaguicidas que están disponibles en Chile, un tercio de ellos están categorizados como de alta peligrosidad por el riesgo que genera a la salud y al medio ambiente en general”, comentó el acadèmico.
Es por eso que se enviaron los informes a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, para que sea la entidad quien resuelva y establezca normas primarias y secundarias de calidad de agua que incluyan a los plaguicidas registrados en el país, indicando los valores máximos.
“Nos parece que la DGA puede establecer normativas, estableciendo las primarias y secundarias de agua. Necesitamos que el Estado chileno construya este tipo de normativas para incluir a los plaguicidas, especialmente a los de alta peligrosidad, en una que regule su utilización”, concluyó el experto.
